Lo que necesitas saber:
La FGR anuncia que va a continuar en el caso por el Viaducto Bicentenario pero... ¿de qué va?
Recientemente un juez federal en el Estado de México decidió darle santo carpetazo a la denuncia que la FGR presentó en contra de exfuncionarios mexiquenses y exdirectivos de la empresa española entonces llamada OHL, por el Viaducto Bicententario.
Y como esta es una historia bastante larga y con un montón de inconsistencias, como siempre, vamos a contarla lo más ligerita posible.

La denuncia de la FGR por el Viaducto Bicentenario
Y es que esta historia no es nueva. Desde por ahí del 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) estaba integrando la investigación para poder presentar las denuncias por el Viaducto Bicentenario, una estructura vial que va desde Lechería en Cuautitlán Izcalli hasta Cuatro Caminos en Naucalpan, en el Estado de México.
El principal argumento es que en 2008 el gobierno del Estado de México, entonces en manos de Enrique Peña Nieto, entregó una millonaria concesión para la construcción y explotación del Viaducto a la empresa OHL.
Pero que esto fue todo un chanchullo porque la vialidad estaba sobre vía federal por lo que el gobierno mexiquense no tenía derecho a concesionar. Eso además de otras cositas que casi nunca pasan en México, dijo nunca nadie.
Y no solo eso, que en 2020 se firmó un convenio entre el gobierno y la empresa para poder regularizar esa concesión entregada y que no hubiera más relajo. Eso ya en la época de Alfredo Del Mazo.
Finalmente después de varios años, la FGR se presentó ante un juez federal para acusar formalmente a los embarrados en este caso por ese convenio: exfuncionarios del Estado de México y exdirectivos de la entonces OHL que ahora es Aleática.

Pero el juez Daniel Ramírez Peña adscrito al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez determinó que el caso tenía una buena cantidad de inconsistencias, por lo que determinó cerrarlo de tajo.
El periodista Arturo Ángel explica que, por ejemplo, documentos oficiales del Estado de México muestran que, al menos en el caso de uno de los exfuncionarios embarrados, la firma del convenio para regularizar la concesión ocurrió en una fecha distinta a la que dice el documento.
La defensa del exfuncionario argumentó que ese oficio fue firmado por él días después de la que fecha que dice el documento y todo por órdenes de Alfredo Del Mazo. Además que debido a que la FGR presentó los documentos con esa inconsistencia como prueba, entonces tendrían que quitarle de encima la acusación.
Según esta información, la FGR respondió que estaba enterada de ese oficio y de la diferencia entre las firmas pero que se esperaría hasta la audiencia para que el juez decidiera qué onda. Y moles…
El periodista también explica que todo el caso que la FGR acaba de presentar es resultado de tres carpetas de investigación que ya llevan un buen rato existiendo.
La concesión ilegal del Viaducto Bicentenario
Por allá de octubre de 2007 el gobierno del Estado de México (en la era de Enrique Peña Nieto) licitó públicamente la construcción del Viaducto Elevado Bicentenario.
Pa’pronto un segundo piso pasando sobre Periférico Norte y hasta la Autopista México-Querétaro. Y a pesar de que había una mejor propuesta, se entregó la concesión a la española OHL nomás porque proponía algo “estético”.
La cosa es que, de acuerdo con las carpetas de investigación, como es un segundo piso sobre una vía federal entonces las concesiones se tienen que entregar a nivel federal y no estatal.
En todo caso, el gobierno del Estado de México debió tener primero una concesión de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para luego poder licitar con las reglas federales. Pero pues no pasó y la concesión cayó a la brava.

Y es más, desde 2011 el gobierno federal le mandó mensajes al del Estado de México para chiflarle sobre la irregularidad que estaban cometiendo con el Viaducto Bicentenario. Pero la virgen les habló porque no hubo respuesta.
Entonces, como lo mencionamos anteriormente, supuestamente en 2020 se firmó un convenio entre el gobierno del Estado de México, la SCT y la empresa OHL para reparar la regada con pagos al gobierno federal y prometer que se regresaría a la federación una vez que la concesión terminara.
Con eso se le dio luz verde a OHL para continuar operando el viaducto elevado. Cosa que según la FGR es ilegal desde que le dieron la concesión.
FGR avisa que se defenderá en el caso y se va contra el juez
Por medio de un comunicado, la FGR argumenta que el Estado de México cometió el delito de explotación de un bien de la Nación regulado por la Ley General de Bienes Nacionales.
Y que eso le permitió a la empresa OHL saquear más de 8 mil millones de pesos, compartiendo con el gobierno del Edomex un 0.5% y sin que a la federación le haya tocado ni un veinte de los 15 años de concesión.
“En la audiencia que acaba de llevarse a cabo, el grado de injusticia con el que actuó el Juez Daniel Ramírez Peña llegó a un extremo verdaderamente inconcebible; ya que, antes de conocer las pruebas y argumentos de las partes, emitió públicamente una opinión respecto del caso y anunció su veredicto en contra del Estado Mexicano“, se lee.
Es por eso que ahora van por el juez al considerar un “nuevo atropello a la justicia y a la defensa de los bienes de la Nación“, además de presentar todos los recursos disponibles para que el caso no se cierre.
Los documentos que prueban que los gobiernos federal y estatal tumbaron el caso
Jijo mano… Se acaban de publicar documentos en Así las Cosas que probarían que el caso de la FGR fue tumbado por los propios gobiernos federales y del Estado de México.
Para empezar un oficio de 2023 de la Secretaría de Transportes federal que informa a la FGR que todo está chido con el Viaducto que porque en 2020 se firmó un convenio para arreglar todo. Cosa que justo la FGR denuncia como ilegal…
Y luego, de nuevo, el convenio que en 2020 firmaron la Secretaría de Transportes federal y el Estado de México para poner en regla la concesión del Viaducto. Lo que tumba el caso de la FGR porque pues es un documento federal.
Arturo Ángel destaca entonces que la FGR no acusó a ningún funcionario federal … ¿entonces?