A una semana de que la Cámara de Diputados dio luz verde al desafuero de Cabeza de Vaca y muchos pensaron “ya le cayó la ídem”, el Congreso de Tamaulipas se ha encargado de frenar el asunto.
Y ayer, ya mejor, lo dejaron en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De acuerdo con diversos medios, los diputados del Congreso de Tamaulipas volvieron a descartar proceder con el desafuero del gobernador de la entidad, Francisco Cabeza de Vaca. Esto luego de recibir formalmente la notificación de lo decidido la semana pasada en el Cámara de Diputados.
Por si están algo rezagados de esta noticia… pues tampoco se han perdido mucho, pero aquí va la magia de la repetición: ¿recordarán que la Fiscalía General de la República pidió desaforar a Cabeza de Vaca, para que éste responda por unos “asuntitos legales”?, bueno, pues la semana pasada la petición tuvo respuesta de los legisladores federales y ésta fue “yes”.
Pues bien, aunque la aprobación vino desde el orden federal, restaba la aprobación del Congreso local, ya que según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Tamaulipas, lo que digan los diputados federales tiene un efecto puramente declarativo.
Y así lo ratificaron ayer: no habrá homologación en la declaratoria de procedencia de desafuero emitida por los diputados federales. “Seguirá habiendo gobernador, sin lugar a dudas”, aseguró el presidente del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña, en cita recogida por Milenio. De paso, anunció que la elección de un posible sustituto de Cabeza de Vaca está fuera de la agenda legislativa.
Peña recordó que el asunto ellos ya lo llevaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que sean los magistrados quienes decidan si va o no el desafuero del gober tamaulipeco. “Mientras no resuelva la corte seguimos con nuestro gobernador, incluso participó en la mesa de Seguridad de Mante había presencia y participación de las fuerzas armadas”.
Francisco Cabeza de Vaca es requerido por la Fiscalía para que responda por los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.
