Un caso preocupante es el del cura pederasta de San Luis Potosí, Eduardo Córdova Bautista, y es que parece que hay constancia de que desde hace más de una década (por lo menos tres) perpetró abusos sexuales contra adolescentes en la parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación, el problema es que, después de tanto tiempo las denuncias de muchas de las víctimas ya no proceden.
Según la periodista Sanjuana Martínez, hace diez años las madres de las víctimas denunciaron a Córdova Bautista ante quien era entonces el obispo de San Luis Potosí, Luis Morales Reyes… así que Morales Reyes hizo lo que cualquier religioso piadoso y temeroso de la mano de Dios haría: pasó a Córdova de la parroquia en que estaba a un centro de religiosas y… ¡ya! no pasó nada (¡Bendito sea!).
Pero las denuncias siguieron y el veredicto del tribunal eclesiástico que juzgó a Córdova Bautista no impartió la justicia que esperaban recibir las madres creyentes que confiaron en ese señor y le habían confiado la educación espiritual de sus hijos sin saber que serían víctimas de abusos sexuales. Fue declarado inocente por los suyos (el clero) el 15 de julio del 2009.
El caso creció y creció y diez años después de las primeras denuncias, empezaron las primeras acciones contra el sacerdote cuando la iglesia potosina expidió un comunicado anunciando que Córdova había sido suspendido de sus funciones y atribuciones ministeriales.
¿No se debería hacer algo contra aquellos que protegieron por 10 años al abusador de menores? ¿o vamos a ignorar estos crímenes contra la infancia mexicana?
Córdova está prófugo de la justicia y contra él pesan, por lo menos, 19 denuncias dentro de la averiguación previa 289/V/2014 por los delitos de abuso sexual calificado, corrupción de menores, privación ilegal de la libertad. También hay demandas contra la Arquidiócesis por encubrimiento, ya que sabían de las conductas del sacerdote.
Pero en varias denuncias los delitos ya prescribieron (“caducaron”) porque los hechos se dieron hace como 30 años.
La Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí, presidida por Miguel Ángel García. Señaló que solicitaría toda la información de las denuncias presentadas en contra del sacerdote ante el arzobispo de ese Estado para iniciar las investigaciones.
Sin embargo, el vocero de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, Jesús Priego Rivera, precisó que el derecho canónico impide que las autoridades civiles tengan acceso a las denuncias interpuestas.
Dicen que no serán un obstáculo para nadie que quiera denunciar pero que no van a aflojar los documentos hasta que no lo exija la Santa Sede. Afirman que no encubrirán a ningún religioso vinculado a acciones delictivas y que ellos mismos están haciendo un proceso contra el sacerdote.
Los abusos del sacerdote comenzaron cuando daba clases en un colegio marista. Cuando se supo de sus acciones lo corrieron de la institución. Al poco tiempo él terminó sus estudios en el seminario y se ordenó sacerdote.
La Asociación Iniciativa Ciudadana en apoyo a las víctimas de pederastia solicitó que la Arquidiócesis presentara los archivos sobre los presuntos abusos cometidos por el sacerdote, además dijeron que debieron presentarlos desde que tuvieron conocimiento de ellos, pues el derecho mexicano establece que las asociaciones religiosas deben informar inmediatamente de hechos que hayan conocido que sean delictivos a las autoridades civiles.
El Vaticano ya ha desconocido a Córdova y la Iglesia católica ha dicho que no tiene nada que ver con el sacerdote y que esperan que se presente ante las autoridades que tiene la competencia de juzgar esos delitos.
Las víctimas aseguran que el sacerdote no hubiera hecho más daño si la Iglesia hubiera actuado a tiempo. (Aquí está transcrita la carta de una madre de una víctima en la que cuenta el dolor que le causó y cómo le pidió a la Arquidiócesis que cesara al sacerdote de sus funciones y le dieran tratamiento psicológico, peticiones que la institución ignoró, dejando, así, que el sacerdote continuara haciendo de las suyas).
¿Qué están pidiendo las víctimas además de atrapar a Córdova Bautista?
El principal problema con el abuso de menores es que los niños no comprenden lo que les sucedió sino hasta ser más grandes, pero ya no pueden hacer nada porque el tiempo de prescripción de los abusos sexuales contra menores en el estado es de 3.5 años (muchos de los abusos que se le imputan al sacerdote son de hace 10 años, es decir, ya no proceden).
Lo que quieren es que los 3.5 años corran a partir de que el menor cumpla 18 años de edad, es decir, que la prescripción quede suspendida para menores de edad, justo como sucede en España o en México en el ámbito federal.
Así que ya sabes, tú también puedes exigir que se suspenda la prescripción de los delitos de abuso sexual para menores de edad en ese estado. Firma la petición 🙂
***Vía La Jornada, Milenio, Excélsior, Proceso
